MAPUCHES

Desde la prisión y tras 60 días, 34 dirigentes mapuches están en
huelga de hambre para protestar porque a sus reivindicaciones se ha
respondido con una brutal represión, incluyendo la aplicación de la ley
antiterrorista que somete civiles a la justicia militar, anula garantías
procesales y triplica las condenas. Ante la dificultad para definir el
terrorismo, todo queda a la arbitrariedad de un juez que bien puede
conceptuar que se trata de un simple problema de orden público o aplicar esta normativa de la dictadura militar chilena, intocada por los
gobiernos de la democracia.

Los indígenas están presos por incidentes ocurridos en la defensa de su Nación Mapuche, el último reducto que la “civilización” les ha dejado en el profundo sur de Chile.
Pero hasta allá llegan los tentáculos del “progreso” en forma de
centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras, forestales y
similares que envenenan ríos, talan bosques milenarios, polucionan la
atmósfera, ahuyentan la caza y la pesca, esterilizan suelos y desplazan a la población, convertida así en paria en su propia tierra, asalariados
de miseria de multinacionales y finqueros o residentes incógnitos en los cinturones de marginación de las grandes urbes.

Ante la incuria y la complicidad de las autoridades frente a la voracidad de las empresas, los mapuches se han lanzado a la lucha con bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta que, como siempre, terminan en duros enfrentamientos con la policía, encarcelamientos, muertes y persecución. A sus reivindicaciones tradicionales por la tierra los huelguistas agregan ahora la exigencia de un juicio civil para sus líderes y la derogación de la ley antiterrorista. Ignorados por los monopolios mediáticos intentan romper el cerco de silencio y conseguir la simpatía de la población para torcer la mano poderosa del estado. De momento han conseguido movilizar importantes sectores de la sociedad chilena y comienza a generarse un movimiento internacional de solidaridad.

La movilización social ha conseguido, por ahora, que hasta las
autoridades y los parlamentarios reconozcan la necesidad imperiosa de eliminar la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Pero el proceso jurídico marcha con una lentitud incompatible con la urgencia de 35 personas cuya vida corre peligro. En un ejercicio de cinismo sin
límites, desde algunos sectores se propone que se amnistíe a los
mapuches al tiempo que se haga lo mismo con los torturadores de la
dictadura que están condenados o en proceso de serlo. Por supuesto los indígenas rechazan una propuesta de tales características que los
igualaría a quienes si son efectivamente peligrosos terroristas. Solo
exigen un juicio civil, justo y público de tal manera se conozcan las
razones que les han llevado a oponerse a proyectos que las autoridades presentan como indispensables para el progreso, mientras descalifican a quien se oponen tildándolos de obstáculo al bienestar y enemigo de la civilización.

Oponiéndose a la destrucción de su comunidad tradicional los indígenas chilenos están poniendo en tela de juicio el
proyecto de sociedad que se ofrece como fórmula para alcanzar la
democracia política, el bienestar material, la cohesión social y el
acceso a la cultura de la modernidad. Aunque no resulte explícito en la
reivindicación, aunque no sea la intención conciente de los afectados,
el conflicto obliga a considerar factores globales y de largo plazo que
superan con creces el estrecho marco de los cálculos empresariales y de la miopía e irresponsabilidad de las autoridades que permiten estos proyectos.

Más allá del cálculo de beneficios inmediatos resulta pertinente preguntarse. ¿Cuáles son los costes reales de esos proyectos? ¿Quién asume el coste efectivo de agotar un recurso? ¿Quién responde por
los efectos perniciosos sobre la salud de ésta y las futuras
generaciones? ¿ A quién se piden responsabilidades por los daños
medioambientales?

Fuente:Juan Diego García, Rebelion

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