El tabú de las muertes bajo custodia policial.

Cuatro muertes en lo que va de año.
Familias de personas que han fallecido bajo custodia y defensores de
derechos humanos denuncian el largo período para que estos casos sean
investigados y la presunción de veracidad de las declaraciones
policiales.

“Diego Viña es ingresado en los calabozos del cuartel de la Guardia
Civil (GC) tras una detención ilegal, ya que no existían indicios de
delito. A esta circunstancia se suma el hecho de que la GC se negó a
administrarle tratamiento médico y su traslado a un centro sanitario;
además desconectaron las cámaras de videovigilancia del calabozo en el
que se encontraba Diego”, explicaban en una nota de prensa la Comisión
de Denuncia de Galicia (CDG) y la Coordinadora Estatal de Solidaridad
con las Personas Presas (CESPP) el día que las pruebas testimoniales y
periciales fueron presentadas en el proceso de responsabilidad
patrimonial que se ha abierto en la Audiencia Nacional (AN) por su
muerte.

Ese mismo día, familiares de otras personas fallecidas
bajo custodia policial y defensores de derechos humanos se concentraban
en Madrid para denunciar las muertes que se suceden bajo custodia
policial y la dificultad para que éstas sean investigadas de forma
rápida y efectiva. “Por fin hay una unión familiar y de afectados, que
somos los que tenemos que tener la palabra. Siguiendo el ejemplo de las
Madres de Plaza de Mayo, queremos visualizar este problema”, explica
Fran del Buey de la CDG. De esta forma, tanto en abril como en mayo,
familiares y amistades de Diego Viña, Xosé Tarrio, David Chacón, Miguel
del Buey, Antonio Pallas y David Blanco [ver recuadro inferior] se han
unido a las últimas visitas a los juzgados que la defensa de Viña ha
realizado. “La unión hace la fuerza, y esto es fundamental cuando el
Estado nos quiere tapar la boca. De estos casos no se habla en ningún
sitio, en los grandes medios se ignoran porque no interesa. Somos basura
para ellos”, explica Ermita García, madre de Antonio Pallas, que
reconoce que desde que su hijo fue asesinado ya no tiene ganas de seguir
viviendo. “Nuestra ilusión es juntar a todas las madres y realizar una
marcha a Instituciones Penitenciarias, en Madrid, pero la gente no
responde lo suficiente. Tienen miedo”, se lamenta Dominga Pastora, la
madre de Tarrio, que se muestra esperanzada, ya que en el caso de Viña
todo indica que se va a acabar juzgando a los acusados. En este caso, a
su padre y a algunos de sus compañeros del cuartel de la Guardia Civil
donde falleció en 2004.

¿Concatenación de errores?

Una
victoria moral para estas familias que llegará, al menos, seis años
después del fallecimiento de Viña. “El tiempo es fundamental porque
desde que los hechos suceden hasta que se investigan pueden desaparecer
las pruebas”, explica Luis de los Santos, abogado del Grupo 17 de Marzo,
sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos.
Al largo período de tiempo para que estos casos sean investigados, se
suelen unir insuficientes tratamientos médicos, la ausencia de
grabaciones sobre el trato en comisaría y la presunción de veracidad que
suelen tener las declaraciones de los policías afectados, según
denuncian las fuentes consultadas por este periódico.

“La mayoría
de los médicos no saben cuál es el protocolo que deben seguir cuando un
detenido denuncia que ha sido agredido por la policía. Ésta no debe
estar en el reconocimiento y el parte médico debe ser enviado al juzgado
correspondiente y no entregado al policía que acompaña al detenido”,
explica Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención
de la Tortura.

“Todo me parece fuerte, pero lo que hicieron en el
hospital con mi hijo no me deja vivir. En un hospital no puede haber
nadie esposado e inmovilizado cuando tiene parte del cuerpo paralizado
por su enfermedad. ¿Cómo puede consentir esto un médico ante una persona
que se está muriendo? Por eso hemos denunciado al Servizo Galego de
Saúde”, explica Pastora.

La validez de las grabaciones

A pesar de las promesas de que cada dependencia de la Guardia Civil y
la Policía Nacional estarán dotadas con cámaras de vigilancia, esto no
sucede. “Si reivindicamos la instalación de este mecanismo para la
eliminación de la tortura como se ha hecho en Catalunya y Euskadi, éste
debería estar vigilado por defensores de derechos humanos”, exige De los
Santos. Por su parte, Del Cura apostilla: “Las cámaras ayudan, pero no
son suficientes para evitar las torturas en comisaría. El problema es si
la imagen después se remite o no al juzgado”. En el caso de Diego Viña,
se desconectaron las cámaras de videovigilancia del calabozo. No hay
ninguna prueba de su suicidio. El pantalón con el que se habría ahorcado
fue arrojado a la basura por la Guardia Civil, según el propio teniente
del cuartel. “Si esto le pasa a un hijo de un guardia civil, nos
podemos imaginar que le puede pasar a cualquier otra persona”, afirma
Del Buey.

En otras ocasiones ni siquiera las pruebas gráficas de
la agresión son suficientes para que un juzgado condene a los
responsables. El 1 de junio, el Tribunal Supremo obligaba a la Audiencia
Provincial de Barcelona a repetir el juicio a los mossos que habían
sido grabados con una cámara oculta en la comisaría de Les Corts
(Barcelona) mientras golpeaban a un detenido en 2007. La Fiscalía y
Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura recurrieron a la
máxima instancia judicial, ya que la Audiencia había considerado probado
que los agentes se “extralimitaron en el uso de la reducción y la
inmovilización”, pero descartó el trato “vejatorio o degradante”.

Tres
años después de los hechos, se reabre el proceso judicial. “Necesitamos
una reforma legislativa. Estos delitos deberían solucionarse por la vía
rápida. No se puede tardar en investigar tres o cuatro años. Supone un
grave castigo para las víctimas”, explica el integrante de la Sociedad
Andaluza de Juristas para la Defensa de los DD HH.

A la
prolongación del juicio se suman los costes que esto supone. “El
problema es que al no haber dinero en nuestras familias, las denuncias
no salen adelante. Por ejemplo, un informe de un neurólogo forense que
determine que si a Tarrio le hubieran atendido a tiempo estaría vivo nos
cuesta dos mil euros. Y después, a saber si es admitido”, concluye
Pastora.

La familia de David Blanco recurre a la vía
administrativa

PEDRO MENÉNDEZ. Redacción Asturies.

El 26 de diciembre de 2008, a los 22 años, David Blanco moría en una
celda de la comisaría de Moreda de la Policía Nacional (Xixón). Desde
el primer momento, los medios de comunicación dieron por buena la
versión policial: sobredosis. Pero, según Francisco del Buey, miembro de
la Comisión de Denuncia de Galicia, la aparición de tóxicos en la
autopsia oculta la negligencia o la culpa de las autoridades. “Tras su
detención”, explica, “le llevaron al médico, que le recetó metasedín, un
derivado de opiáceos. Se empezó a quedar dormido y, en vez de llevarlo a
los servicios de urgencia, como obliga el protocolo, lo dejaron en la
celda”.

La insistencia de familiares y colectivos sociales
mantuvo la protesta y reveló las incongruencias del relato oficial.
Belén González Patín, madre del joven, ha denunciado hasta la saciedad
la ocultación por la Policía de la muerte de David a su marido, quien
acudió a la comisaría poco después de la supuesta hora de su
fallecimiento.

La justicia asturiana se lavó las manos por dos
veces y archivó el caso. En un recurso, dice del Buey, “ya se decía lo
que no se hizo para salvar a David. Y la denuncia en primera instancia
sitúa la responsabilidad policial y los parámetros de actuación del
juez, pero tuvimos que hacer nosotros las diligencias contra la
policía”.

La esperanza regresó con la admisión a trámite por el
Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de amparo, basado en el
artículo 24 de la Constitución, sobre tutela judicial efectiva. Pero
esta vía se cerró el 23 de abril. “El abogado nombrado por el
Constitucional presentó un recurso en el que afirma que la causa es
insostenible, y el TC dice que no se ofrece la justicia gratuita para
una causa insostenible”, denuncia del Buey. Por ese motivo, en
septiembre presentarán una reclamación al Ministerio de Interior, para
posteriormente demandar al Estado ante la Audiencia Nacional por
responsabilidad patrimonial, como ocurrió en el caso de Diego Viña.

Veinte
muertes cada año

Sin ninguna intención de frivolizar, la
cifra de muertes bajo custodia policial en el Estado español son muy
similares a las que se producen en otros países del resto de Europa,
explica Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la
Tortura. “Eso sí, se suelen conocer todas las que se producen, no como
en las prisiones
*. Aunque hay bastante secretismo para conocer los datos y
las formas en que se han producido”, denuncia Del Cura.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-tabu-de-las-muertes-bajo.html

* La negrita y el subrayado es mío.

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Una respuesta a El tabú de las muertes bajo custodia policial.

  1. pilar dijo:

    Los medios de comunicación ponen el grito en el cielo por un muerto en las cárceles cubanas y no dicen nada de lo que ocurre en nuestro propio país.

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