¿Aplicamos la legislación de otros países a los “disidentes” cubanos?

José Manzaneda
Cubainformación
19 de marzo de 2010

En Cuba existen cerca de 50 personas a las que los grandes medios de
comunicación etiquetan como “presos políticos”, “presos de conciencia” o
“disidentes”. Los gobiernos de los países más poderosos y ricos del
mundo se apoyan en este argumento para presionar al gobierno cubano y
tratar de forzar los cambios en la Isla acordes a sus intereses
políticos y económicos. La conocida y prestigiosa organización Amnistía
Internacional también califica con estos términos a algunas de estas
personas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello?

Hay que recordar que
ninguno de los llamados “disidentes” ha sido penado por delitos de
opinión, sino por su colaboración directa con el gobierno de Estado
Unidos a través de diferentes medios, básicamente la recepción de fondos
económicos. Esta superpotencia, cuya economía representa hoy cerca de
un tercio de toda la economía mundial, mantiene un bloqueo económico que
provoca graves privaciones a la población de la Isla y que ha sido
condenado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 18 ocasiones.
Además, protege en su territorio a personas responsables de centenares
de víctimas por actos terroristas en la Isla, y mantiene ocupada una
parte del territorio del país, la Bahía de Guantánamo, contra la
voluntad expresa del pueblo y del gobierno cubanos.

Es decir, el
gobierno de EEUU mantiene una guerra abierta no declarada contra Cuba,
con el objetivo de derrocar el sistema político y social vigente en la
Isla. Para ello destinó, solo en los años 2007 y 2008, 45,7 millones de
dólares para los llamados “disidentes”, y otros 100 para organizaciones
radicadas en EEUU que actúan, en muchos casos, como financiadores
intermedios de los mismos.

Los delitos de los llamados
“disidentes”, por tanto, no tienen nada que ver con la libertad de
expresión, sino con colaboración con una superpotencia extranjera
enemiga.

Pero ¿qué ocurriría en otros países con personas con
actuaciones similares? (1)

El Código Penal de EEUU prevé una pena
de 20 años para quien preconice el derrocamiento del gobierno o del
orden establecido. 10 años de prisión para quien emita “falsas
declaraciones” con el objetivo de atentar contra los intereses de EEUU
en sus relaciones con otra nación. Y 3 años a quien “mantenga (…)
correspondencia o relación con un gobierno extranjero (…), con la
intención de influir en (su) conducta (…) respecto a un conflicto o
una controversia con Estados Unidos”.

El Código Penal español
castiga con pena de 4 a 8 años a quienes “mantuvieran relaciones de
inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros
(…) con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la
dignidad o los intereses vitales de España”.

Y pena de 10 a 15
años a los culpables del delito de “rebelión”, aplicado a quienes “se
alcen violenta y públicamente” con fines como: derogar o modificar la
Constitución, o destituir o suprimir facultades del Rey de España.

Francia
castiga con pena de hasta 30 años y 450.000 euros de multa “el hecho de
mantener relaciones de inteligencia con una potencia extranjera, (…)
con vistas a suscitar hostilidades o actos de agresión contra Francia”.

Italia sanciona con pena de entre 3 y 10 años al “ciudadano que,
incluso indirectamente, reciba (…) del extranjero (…) dinero o
cualquier otro artículo (…) con el fin de cometer actos contrarios a
los intereses nacionales”, con un incremento de pena si “el dinero (…)
se entrega o se promete mediante propaganda por medio de la prensa”.

Los denominados “disidentes” cubanos recibirían penas muy superiores
por sus delitos en Cuba en cualquiera de los citados países y en otros
que no hemos mencionado. A todos se les ha probado la recepción, directa
o indirecta, de fondos del gobierno de EEUU y su colaboración con la
política de guerra contra el país.

El investigador francés Salim
Lamrani define a Amnistía Internacional como una organización
“reconocida por su seriedad, profesionalidad e imparcialidad”, pero
critica su trato hacia Cuba. “Amnistía Internacional haría bien en
reconsiderar su juicio –afirma el profesor- con respecto a los que
considera presos de conciencia en Cuba, pues el doble rasero es
inaceptable”.

Fuente: Rebelion

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